Falsos autónomos: desmitificando una figura laboral controvertida

En el panorama laboral actual, la figura del falso autónomo ha sido objeto de críticas y debates. Tanto la preferencia de algunas empresas por utilizar esta figura de manera injustificada, como los perjuicios que genera para quienes trabajan bajo esta aparente condición de autónomos, han suscitado preocupación. En los últimos tres años, se ha logrado regularizar la situación de más de 80.000 personas que se encontraban en esta situación, siendo más de 40.000 de ellas solo en el año 2022, según señaló la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

¿Qué es un falso autónomo?

Un falso autónomo es una persona que está dada de alta en el régimen de autónomos pero cumple todas las características de un trabajador asalariado. A pesar de estar registrados como autónomos, estos trabajadores tienen horarios fijos y la empresa les proporciona los instrumentos necesarios para desarrollar su trabajo. Además, su retribución también es fija, lo cual difiere de la facturación variable que caracteriza a los autónomos reales. En muchos casos, estos trabajadores desempeñan funciones similares a las de sus compañeros asalariados.

Esta figura se ha popularizado en los últimos tiempos, incluso despidiendo a empleados para contratarlos como falsos autónomos, manteniendo las mismas labores y condiciones. Las empresas encuentran en esta práctica una ventaja económica, ya que no tienen que pagar la cotización a la Seguridad Social por cada trabajador, sino que son los propios empleados quienes asumen este gasto en su cuota de autónomos.

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Perjuicios para los falsos autónomos

Los falsos autónomos se ven afectados en cuanto a sus derechos laborales. Al tratarse de una relación puramente mercantil con la empresa, carecen de derechos como vacaciones, antigüedad, permisos de maternidad y paternidad, derecho a huelga, participación en el comité de empresa o afiliación sindical. Además, pueden ser despedidos sin derecho a indemnización y, en caso de enfermedad o baja, deben buscar un reemplazo por su cuenta o perder un día de trabajo. Esta falta de derechos también se refleja en sus futuras jubilaciones, ya que muchos optan por cotizar por la cuota mínima, lo cual afecta negativamente a sus pensiones.

Sectores afectados y la precariedad laboral

Si bien en sus inicios esta práctica se centraba principalmente en el sector del transporte y las cooperativas cárnicas, actualmente se ha extendido a diversos sectores como la educación, las compañías de seguros, los repartidores, los fisioterapeutas, los periodistas, los comerciales y los peluqueros. Esta problemática no se limita únicamente a España, sino que también afecta a otros países europeos.

La precariedad laboral es el caldo de cultivo para la existencia de falsos autónomos. Muchas personas se ven obligadas a aceptar estas condiciones debido a la falta de opciones laborales y a la necesidad de trabajar. Entre los perfiles más vulnerables se encuentran los jóvenes y las personas que llevan mucho tiempo desempleadas. También se destaca el caso de mujeres entre 45 y 50 años, quienes pueden ser excluidas del mercado laboral debido a responsabilidades familiares y a la discriminación por edad.

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Medidas y consecuencias legales

Ante esta problemática, es fundamental denunciar cualquier caso de falso autónomo. Se puede presentar una denuncia de forma anónima ante la Inspección de Trabajo, lo cual puede llevar a la imposición de multas a las empresas que incurren en esta práctica. De acuerdo con la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, tener a una persona contratada como falso autónomo constituye un fraude laboral, sancionable con multas que oscilan entre los 3.000 y los 10.000 euros. Además, la reciente reforma del artículo 311 del Código Penal establece penas de prisión y multas para los empresarios que contraten reiteradamente falsos autónomos o restrinjan los derechos laborales y las condiciones de trabajo pactadas.

Un ejemplo de las consecuencias legales de emplear falsos autónomos se refleja en el caso de la empresa de reparto Glovo. La Inspección de Trabajo ha impuesto multas por un total de 57 millones de euros a esta empresa por utilizar falsos autónomos y emplear a personas extranjeras sin permiso de trabajo. Glovo España acumula un total de 205,3 millones en multas que afectan a 37.348 trabajadores.

En conclusión, la figura del falso autónomo es una problemática que afecta a diversos sectores y a numerosos trabajadores. A pesar de las consecuencias legales y las sanciones impuestas, es necesario seguir denunciando estos casos para garantizar los derechos laborales y combatir la precariedad. La regularización de esta situación es fundamental para promover un entorno laboral justo y equitativo.

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